SANTO DOMINGO, RD.- La Federación Dominicana de Comerciantes Inc. (FDCI), presentó este jueves varias propuestas para el proyecto de reforma Constitucional planteada por el gobierno entre la que incluyen la reducción del Impuesto sobre la Renta al 25% hasta 2025.
Ivan García, dijo que es necesaria la eliminación del 5% de retención como proveedores del Estado y del anticipo sobre las ventas para microempresas dentro de la reforma fiscal.
Por otro lado García respondió sobre los altos precios de algunos alimentos de la canasta básica familiar, recomendando a las familias dominicanas acudir a lugares donde se vendan a precios bajos.
Asimismo, destacó también la necesidad de racionalizar el gasto público, y de tomar medidas que podrían aumentar su aporte al PIB en más de un 20%, reducir la informalidad y crear miles de nuevos empleos, ante la queja ciudadana por el alto costo de la vida.
Para fomentar el emprendimiento, proponen exenciones fiscales durante los primeros dos años de nuevos negocios y un monotributo para negocios informales, así como evaluar y eliminar exenciones fiscales que han cumplido su vigencia.
Finalmente, la FDCI destaca la necesidad de racionalizar el gasto público, mejorar los servicios de seguridad, salud y transporte, y promulgar una Ley de Responsabilidad Fiscal. Según la Federación, estas medidas podrían aumentar su aporte al PIB en más de un 20%, reducir la informalidad y crear miles de nuevos empleos.
CARTA INTEGRA:
Junio 24 del 2024
Distrito Nacional, Santo Domingo
Licdo. Luis R. Abinader Corona
Honorable Presidente Constitucional de la
República Dominicana.
Vía: Lic. José Manuel Vicente Dubocq
Ministro de Hacienda
Asunto: PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES SOBRE LA REFORMA FISCAL Y OTRAS REFORMAS PENDIENTES
La Federación Dominicana de Comerciantes Inc. es una institución compuesta de 432 Asociaciones, Consejos, Cámaras de Comercio y Federaciones. Cuenta con una membresía conformada por diferentes instituciones que alcanzan la cifra de 63,245 afiliados y 638,724 empleados en todo el territorio nacional. Nuestros asociados cumplen con todas sus obligaciones y compromisos institucionales, tales como pago de impuestos, anticipo al ISR, la seguridad social, leyes laborales y con el INFOTEP, haciéndolo dentro de los plazos legales en cada uno de los respectivos casos.
Cumpliendo con los deseos de nuestros afiliados presentamos nuestra posición y propuestas sobre la Reforma Fiscal que el gobierno dominicano tiene previsto enviar al Congreso en los próximos meses.
Reducir el impuesto sobre la renta a un 25% hasta el 2025 y gradualmente llevarlo a un 20% hasta el 2028. Estamos seguros de que con esta medida aumentarían los ingresos en vez de disminuir, como se ha demostrado en otros países. La evasión fiscal del ISR tiene mucho que ver con el nivel de impuesto que se aplica.
eliminación del 5% de la Retención como proveedores del Estado, debido a que nuestros pagos siempre superan el mínimo de tiempo razonable para las cuentas por cobrar, lo cual afecta nuestra liquidez y nuestra mayor capacidad de eficiencia. Al mismo tiempo, que el estado actúe como agente de retención del ITBIS de las ventas realizadas a todas las instituciones gubernamentales.
En cuanto al Anticipo sobre las ventas, proponemos su eliminación para los pequeños negocios (microempresas) y una reducción anual del 0.5% para los medianos empresarios.
El Anticipo, en su forma actual drena la liquidez de nuestros negocios pagando un impuesto sobre la base de los resultados financieros del año anterior sin considerar que no siempre esos resultados son homogéneos y que cambian de un año a otro. Por esa razón proponemos que el Anticipo se cobre ex post y cada 4 meses sobre la base de los resultados de este periodo.
Deben eliminarse las Compras Exentas por Internet, ya que están afectando al comercio local, cuando ya los precios de esas importaciones no difieren mucho de los precios internos si se incluye el costo de envío.
Asimismo, eliminar el pago de impuesto a los Desechos Sólidos (ley 225-20 art. 36).
En cuanto a los recargos por moras e intereses que aplican la DGII y la DGA, estos exceden con creces la deuda de los contribuyentes lo que induce a que las autoridades recurran regularmente a una amnistía fiscal para regularizar el pago atrasado de impuestos. Esto se resolvería eliminando los recargos y cobrando los intereses de los Bancos Múltiples.
Debe desmontarse gradualmente el impuesto a los cheques y a las transferencias y reducir las tasas que cobran las empresas de adquirencias al comercio por el uso de las tarjetas de crédito y débito, lo que incentiva los pagos en efectivo y la evasión. En muchos países dichas tasas se han reducido por disposición de la autoridad monetaria.
Reducción de los intereses aplicados a los dividendos de intereses bancarios para incentivar el ahorro.
Reducción gradual de los selectivos al consumo y los electrodomésticos a la mitad de su valor actual. Tal medida reduciría el contrabando y la evasión.
Revisar y corregir las distorsiones en el impuesto a los hidrocarburos, que contribuyen al contrabando de combustibles y generan distorsión en los precios a través de subsidios cruzados que afectan la competencia de nuestro sector.
El cuanto Código Laboral, la doble tributación es una carga insostenible para sobrevivir en el mundo de los negocios y los más afectados son nuestros afiliados. Eso aplasta los salarios y aumenta la informalidad. Dicho Código debe ser modificado, eliminando la Cesantía, que es un contrasentido existiendo un sistema de pensiones. Debe sustituirse por el seguro de desempleo, contemplado en la ley de Seguridad Social en su artículo 50 , que tenía que entrar en vigencia hace 22 años .
Reconocemos que la seguridad social ha sido una de las grandes conquistas de los últimos 25 años, pero sus costos son demasiado altos. La implementación de la Atención Primaria en todo el país reduciría el costo de la salud y la reducción de las comisiones en un 15% que cobran las AFP también impactarían en una menor carga para nuestras empresas. Esta ley ya tiene más de un año en el congreso y por intereses particulares no ha sido posible su aprobación.
Asimismo, sugerimos que las decisiones en el CNSS sean por mayoría de votos ya que la obligatoriedad del voto unánime tiene estancadas muchas iniciativas para mejorar y cumplir disposiciones sustantivas contempladas en la ley.
Para promover el Emprendimiento, que el gobierno considera un factor esencial para el desarrollo del país, proponemos que estos estén exentos de impuestos en los primeros dos años de operación. Es un incentivo que no solo generará más empleos, sino que ayudará a que sobrevivan más tiempo ya que un 70% de los que inician sus operaciones, desaparecen en los primeros tres años por las excesivas cargas tributarias.
Apoyamos la aplicación de un Monotributo a los negocios informales, que incluya los impuestos y beneficios sociales del trabajador en un solo pago, promoviendo gradualmente la formalidad.
Reconocemos que el Monotributo tiene complejidades en su aplicación. Todo dependerá de cómo la administración tributaria puede mejorar su capacidad de aplicar este impuesto y las penalidades a los que incumplan dicho pago único.
Sobre el ITBIs, entendemos que es muy posible que a muchos bienes exentos se les apique el ITBIs, estableciendo una escala gradual (iniciando con 5% o 6% y reduciendo gradualmente el tope actual de 18% al 14% hasta que todos esos estén al mismo nivel. Sin embargo, entendemos que hay bienes básicos en la alimentación de los dominicanos que deberían quedar exentos del ITBIs.
En cuanto a la eliminación de algunas exenciones y exoneraciones contempladas en la ley de competitividad e innovación Industrial, Ley 392-07 y sus modificaciones ley 542-14, deben evaluarse los costos y beneficios en cada sector antes de cualquier modificación y respetar los plazos otorgados para estas exenciones.
Existe un considerable número de comercios que operan en la informalidad y no pagan impuestos, pagan salarios por debajo del mínimo, emplean a ilegales, subvalúan las mercancías que importan y no pagan la seguridad social.
El caso de los negocios Chinos es un ejemplo de ello, y eso está afectando seriamente el comercio en general que opera en la formalidad, llevando a muchos a la quiebra. Entendemos que tanto los negocios chinos, que algunos se han convertido en verdaderos emporios económicos, como de otros extranjeros que operan en la informalidad, deben ser intervenidos y cerrados hasta que se formalicen y paguen sus impuestos y beneficios laborales.
Igualmente, penalizar a los negocios que emplean personas, de origen haitiano y otras nacionalidades, que no están legalmente en el país pagándole salarios de miseria y explotando su condición de inmigrante ilegal.
Es importante destacar que, de acuerdo con las estadísticas de la DGII, el Sector Comercio, dentro del cual opera nuestra Federación, aportó en el 2023 un total de 148,000 millones de pesos a las recaudaciones totales del fisco, un 19% del total recaudado, siendo nuestro sector el líder en recaudación de todos los sectores económicos nacionales. Y es bueno, además, destacar que la participación del comercio en el PIB dominicano es de las más alta, representando un 11.20%.
Se han hecho más de 5 reformas tributarias en los últimos 20 años y en ninguna de ellas se ha logrado aumentar el indicador de recaudación que utilizan los gobiernos para medir su capacidad recaudatoria. Es conocido que todas esas reformas tributarias se han convertido en enmiendas al Código Tributario Dominicano, aprobado en el año 1992, bajo la Ley 11-92.
La inteligencia e imaginación de los dominicanos se ha puesto de manifiesto al considerar esas enmiendas como parches tributarios. Porque al final de cuentas, el sistema tributario dominicano ha terminado siendo más complicado, más insuficiente y más inequitativo. Han sido los consumidores dominicanos quienes han cargado con el peso de estos parches tributarios.
Nuestra Federación apoya la iniciativa del gobierno del presidente Luis Abinader de realizar los ajustes necesarios para que la fiscalidad dominicana sea más eficiente y se armonice con los cambios que están experimentando las administraciones tributarias en todo el mundo.
Precisamente, uno de los grandes problemas que erosiona la base imponible del sistema tributario dominicano, es el muy alto nivel de evasión y elusión fiscal en los dos principales tributos: el Impuesto sobre la Renta y el ITBIS. De acuerdo con estudios de la propia DGII, en el primer impuesto, la evasión ronda el 60% y en el segundo el 43%. Esos niveles de evasión equivalen a más de 300 mil millones de pesos anuales que deja de percibir el Gobierno, de los contribuyentes.
Nuestra Federación apoya la progresividad del sistema tributario y apoya la necesidad de corregir todas las distorsiones que inciden en su complejidad e ineficiencia. No es justo ofertar al país exenciones estimadas a través del llamado Gasto Tributario para el Presupuesto del 2024 en más de 340,000 millones de pesos, equivalente al 4.5% del PIB. Esa situación debe corregirse.
Entendemos que existen derechos adquiridos porque esas exenciones están amparadas en leyes específicas. Pero las que ya han agotado el periodo para el que fueron creadas y han permitido que sus beneficiarios obtengan altos niveles de ganancia en sus operaciones, sean eliminadas total o parcialmente. Con esa acción el gobierno podría obtener ingresos más de 75 mil millones de pesos.
Es necesario, por demás racionalizar el gasto público de manera que aquellas partidas dentro de los llamados gastos corrientes sean reducidas al mínimo, como la mayoría de las partidas contenidas dentro de los gastos de consumo, (servicios no personales, materiales y suministros, etc).
Reconocemos que la calidad del gasto ha mejorado sustancialmente en los últimos 4 años, pero aún existen hoyos fiscales producto de subsidios que pueden eliminarse gradualmente.
Por décadas los gastos del gobierno han estado orientados significativamente hacia el sustento de los gastos corrientes y una bajísima proporción hacia los gastos en inversiones, lo cual impacta negativamente contra la sostenibilidad y robustez del crecimiento económico a largo plazo. Con un gasto de inversión pública del 2% del PIB no es posible garantizar el desarrollo de la economía nacional ni ser un eficiente facilitador de las actividades del sector empresarial.
Nuestra Federación es consciente de que el país demanda de más y mejores servicios públicos.
Sabemos de los cuantiosos recursos que el gobierno gasta en subsidiar al sector eléctrico, erogando más de US$1,500 millones anuales para mantener un servicio precario que muestra pérdidas de más del 40% de sus operaciones. Ninguna empresa con esos niveles de pérdidas puede mantenerse. Por igual reconocemos la urgente necesidad de que los ciudadanos deben tener mejores y más eficientes servicios de salud y de educación.
La garantía de la paz y seguridad ciudadana requiere de servicios más profesionales y efectivos de parte de las instituciones responsables de su mantenimiento. Nos referimos a una Policía Nacional mejor dotada de equipos y conocimiento. Y ello implica mejorar sus condiciones laborales y salariales. Muchos de nuestros afiliados son víctimas de robos y asaltos a sus negocios.
La congestión de nuestras calles está elevando nuestros costos de producción. Está afectando los horarios del trabajador y nuestra calidad de vida. Los problemas del transporte urbano hoy son un servicio de primera necesidad y su solución es a nivel de todo el territorio nacional. Ello requiere de mayores recursos por parte del Estado, para ampliar las líneas del Metro, expandir los Monorrieles y abrir nuevas rutas de transporte urbano que requieren cientos de nuevas unidades.
El gobierno debe ejecutar una profunda revisión de los altos gastos en nóminas y llevarlos a un nivel que sea aceptado como una efectiva señal de austeridad y de transparencia, continuar con el proceso de eliminación de instituciones superfluas e innecesarias, que hipertrofian la administración pública y su eficiencia, y algo que haría más fácil a la población aceptar las nuevas obligaciones que implica una amplia y profunda reforma fiscal.
Por ello, apoyamos la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, un paso previo a la reforma fiscal. Esta ley es fundamental para disciplinar el gasto, reducir la alta evasión y poner controles a los déficits y las deudas. Crea la confianza necesaria para que el dinero público sea bien administrado y el gasto constantemente monitoreado, uno de los objetivos que ha caracterizado esta gestión en los últimos 4 años.
Diversos estudios sobre la incidencia de los impuestos han demostrado que una disminución en su alícuota o tasa conlleva a una ampliación de su base imponible y a disminuir la evasión y la elusión fiscales.
Hay otras reformas que el gobierno pretende impulsar en los próximos 4 años y la mayoría de ellas son de trascendental importancia para el país, como la Ley de Agua, la Transformación
Digital, la Constitución, la Reforma del Estado. la Justicia, la Salud y la Educación. Estamos dispuestos a ofrecer nuestro apoyo a esas reformas siempre que beneficien al país en lo institucional y económico, pero que no representen nuevas cargas impositivas, excepto las que se contemplen en la reforma fiscal.
Con las medidas que hemos expuesto para beneficio de nuestro sector Y DEL PAIS, podríamos aumentar nuestro aporte al PIB en más de 20%, reducir la informalidad sustancialmente y crear miles de nuevos empleos.
Por el Comité Ejecutivo Nacional,
Ivan de Jesús Garcia Félix Rodríguez Báez
Presidente secretario general