Deportación de Ilegales

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Los dominicanos no tenemos que pedir autorización a nadie para defender nuestro territorio  y nuestra nacionalidad. Las grandes potencias quieren situar  a este país como si tratara del patio, su patio, donde arrojan los excrementos. Y no es así. Hay un principio de gente y de territorialidad que toda nación libre debe mantener. A los dominicanos les toca asegurar que estén identificados todos los extranjeros que viven en este territorio. Los que no tengan  papeles en regla deben ser deportados.

Por desgracia, hay nacionalistas en extremo que la palabra extranjero sólo significa haitianos, y no es así. Aquí hay muchos europeos que son perseguidos por la Policía Internacional y que deben ser repatriados tan pronto y se les detenga. Otros vienen a trabajar o invertir, pero no tienen documentos en regla.

Las autoridades dominicanas deben iniciar en estos días la deportación, o repatriación, de todos los ilegales, pero esa medida únicamente se va a emplear con los haitianos. Si se cumpliera la ley, todo haitiano que no pueda justificar legalmente su permanencia en el país debe ser deportado.

Hay presiones de organismos internacionales y de países desarrollados, que pueden atar las manos a las autoridades dominicanas. Es más, tengo casi la aboluta seguridad de que faltando poco más de diez meses para la celebración de las elecciones presidenciales, se evitará un escándalo internacional por la deportación de los irregulares.

Los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia y Alemania tienen interés especial en que se deje a los haitianos irregulares en territorio dominicano. Estos países son los culpables de la crisis que padecen Haití y ellos son los que desean que  el pesado lastre de miseria  y falta de instituciónes de ese país la sufra la República Dominicana.

La Iglesia Católica dominicana tiene una postura dividida en lo que se refiere a la emigración haitiana. Hay curas pro-haitianos, pero otros, incluyendo obispos y en ocasiones el Cardenal Nicolás de Jésus López Rodríguez quieren defender la nacionalidad dominicana.

Lo que se impone es que las autoridades dominicanas actúen de acuerdo con la ley, y procedan a deportar a todos los ilegales, en su mayoría haitianos, que residen en la República Dominicana.

Estamos de acuerdo en que se deben evitar los excesos. A los detenidos y en vías de repatriación se les deben respetar sus derechos humanos y darles facilidades de que sean transportados de acuerdo a las exigencias mínimas que se debe dar a una persona, para que no ruede por el suelo su dignidad.

El ilegal a su país de origen. En temas de nacionalidad, territorialidad y  patriotismo no se puede dar un paso atrás.

Por Manuel Hernández Villeta

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Notimundo

Instituto Dominicano De Periodismo (IDP)