El mensaje del Gobierno Gran Bretaña a los inmigrantes ilegales: «Vete a casa o te detendremos»
En una nueva maniobra para poner coto a la inmigración, la ministra de Interior británica, Theresa May, prepara un nuevo paquete de medidas para restringir las posibilidades de los extranjeros a acceder a una vivienda o algo tan banal, como abrir una cuenta bancaria.
La modificación de la legislación en materia de Extranjería obligará a los propietarios que quieran vender o alquilar su casa a un foráneo a someterle a un interrogatorio sobre su situación legal en el país. Un procedimiento similar se contempla para abrir una cuenta en un banco, donde los empleados deberán cerciorarse de que los extranjeros no comunitarios residan en Reino Unido de manera legal.
En declaraciones a la BBC, May amenazó a los que alquilen una propiedad sin verificar antes la situación legal de sus inquilinos extranjeros con ser multados. Está previsto que la nueva norma sea aprobada en el Parlamento en la primavera de 2014 y abrirá la veda al Gobierno para expulsar del país a los «criminales extranjeros» antes de que haya revisado su recurso contra ese proceso legal, siempre que no exista riesgo de un daño irreversible para el que ha cometido el delito. Además, se recortará el número de tipos de órdenes de expulsión que podrán ser recurridas por los inmigrantes, de las 17 actuales a cuatro.
El Gobierno británico no sólo pretende endurecer las medidas contra los inmigrantes ilegales, sino que también reducirá los derechos de aquellos que residan de una manera regular en el país de forma temporal, como los estudiantes, que a partir de ahora deberán contribuir con el Sistema Nacional de Salud (NHS), con el fin de combatir el denominado «turismo sanitario».
«Una de las cosas sobre la que el NHS siempre ha sido malo es en cobrar a la gente a la que se debe cobrar, gente que no tiene el derecho a acceder al NHS en forma gratuita», dijo May. El secretario de Estado de Inmigración, Mark Harper, ha justificado la implantación de esta ley señalando que sólo se pretende evitar que los inmigrantes usen servicios públicos a los que no tienen derecho y facilitar la expulsión de foráneos.
«La Ley de Inmigración impedirá que los inmigrantes usen servicios públicos a los que no tienen derecho, reducirá los factores que atraen a las personas para venir a Reino Unido y hará facilitar la expulsión de los que no deberían estar aquí».
Eso sí, con una clara intención de calmar los ánimos y evitar que su discurso pueda adquirir un tono demasiado agresivo, añadió: «Continuaremos dando la bienvenida a los mejores y más brillantes inmigrantes que quieren contribuir a nuestra economía y sociedad y cumplir las normas pero la ley debe estar del lado de las personas que la respetan y no de aquellos que la incumplen».
Uno de los objetivos del Partido Conservador de Cameron se encamina a reducir la inmigración de no comunitarios a menos de 100.000 al año para 2015. Para ello ya han recurrido a distintas medidas como una controvertida campaña que instaba a los inmigrantes ilegales a abandonar el país a través a través de unos agresivos eslóganes exhibidos en furgonetas. «Vete a casa o te detendremos». Pero a pesar de los esfuerzos del Gobierno, los últimos datos oficiales revelan que la inmigración no comunitaria aumentó en el último año, hasta finales de diciembre de 2012, en 176.000 personas.
