OEA-RD, dos años de relaciones extremas

Corría septiembre de 2013 cuando el Tribunal Constitucional dominicano emitió una sentencia sobre la nacionalidad de Juliana Deguis Pierre, una mujer de ascendencia haitiana a la que se le negó la ciudadanía por ser hija de padres en condición migratoria irregular.

Era la definición a un caso particular. Primero, extendido por la decisión de los magistrados a millares de extranjeros; y a hijos de personas que residían en el país sin documentación migratoria, después.

Con la norma vinieron las expresiones de respaldo y de desacuerdo, como si el país se agrupara en dos; los mismos dos que por lo tradicional se identifican como conservadores o liberales en cada una de las políticas aplicadas o debatidas en el país.

Era una decisión que ponía límites a la nacionalidad y a los extranjeros que residen en el país, y que devolvió a evaluaciones en las relaciones dominico-haitianas, una llaga cuasi permanente en la Historia de ambas naciones. La decisión también puso a República Dominicana ante los ojos y lupas de la comunidad internacional, descontenta en buena parte por las decisiones que han seguido a la sentencia del Constitucional.

Ahí entra la Organización de Estados Americanos y sus miembros. Ahí entran las visitas regulares que ha tenido República Dominicana al Consejo Permanente para explicar en detalle sus políticas migratorias, y para recordar, una y otra vez, su soberanía en la aplicación de políticas y su solidaridad constante con el vecino Haití, especialmente después del terremoto de 2010, cuando las relaciones se estrecharon entre ambos países.

Las complicaciones para República Dominicana comenzaron con la isla de San Vicente y las Granadinas, uno de los quince miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), que llevó ante la OEA la aplicación de la sentencia sobre nacionalidad dictada por la corte constitucional dominicana.

El país fue convocado en octubre de 2013 a una reunión informativa en el Consejo Permanente de la OEA. Asistió una amplia delegación dominicana y Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, fue quien tuvo la voz más crítica de la delegación.

“Yo preguntaba que si habían leído la sentencia, incluyendo al propio Secretario General, y me dijo que no, que había tenido acceso a un resumen. La sentencia es de 99 páginas. Voy más lejos: ¿La habrán leído todos los que estamos viendo? ¿Se entenderá lo que está planteando?”, preguntó Rosario en la consulta como argumento para mostrar que quienes criticaban al país utilizaban ideas alejadas a las políticas dispuestas.

El entonces secretario general del organismo continental, José Miguel Insulza, aseguró que se trataba de un asunto a resolverse con “la buena voluntad de todos y de manera concordada con el Estado dominicano, porque no hay otra forma de hacerlo”.

Febrero de 2014 fue otra ocasión en la que el tema se debatió en el Consejo Permanente, esta vez con la base del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había visitado el país para constatar la situación migratoria en diciembre de 2013. Nueva vez, la propuesta de conocimiento vino de San Vicente y las Granadinas.

Ese informe de la Comisión Interamericana estima la sentencia del Tribunal Constitucional como la privación arbitraria a la nacionalidad, con un efecto discriminatorio que afecta a los dominicanos de ascendencia haitiana.

El escenario del Consejo Permanente ha encontrado constantes críticas de una decena de países, miembros por lo regular del Caricom, que tachan las medidas migratorias de los dominicanos como discriminatorias por etnia. Hay otro grupo de países que superan en número a los del Caricom, que abogan por diálogo entre ambas naciones, una posibilidad que en estos momentos, y basados en las declaraciones de ambos Estados, parece imposible.

Las recientes intervenciones en el Consejo Permanente de los cancilleres dominicano y haititano, Andrés Navarro y Lener Renauld, respectivamente, han mostrado las enormes diferencias que existen sobre las políticas migratorias dominicanas, y que apuntan a que, muy probablemente, nuevas visitas y discusiones se produzcan en el seno del organismo internacional. El problema es que República Dominicana no solo tiene diferencias con Haití y San Vicente y las Granadinas por sus críticas al Plan de Regularización, sino ahora también con la Organización de Estados Americanos y su secretario general, porque asegura que tienen una posición parcializada.

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RD ROMPE DIÁLOGO CON HAITÍ Y LA OEA

DECLARACIÓN OFICIAL:

La posición expresada por el Gobierno dominicano el pasado viernes, donde acusó a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, de estar prejuiciado, elimina cualquier intención de conversar sobre el tema, ya que antes también fue rechazado el diálogo con Haití, por la campaña de descrédito que según los dominicanos lleva en su contra.

“Es una isla, y cuando es una isla no hay dos países, hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia. Ésta es una isla pequeña con dos países, con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”, fue la declaración de Almagro que trajo el rompimiento total de diálogo sobre el tema migratorio entre RD y Haití