Por MANUEL NUÑEZ
Los problemas que nos ha provocado la guerra diplomática que ha desatado el Estado haitiano contrala República Dominicana no son de poca monta. Tampoco pueden tratarse como una realidad episódica el influjo del intervencionismo internacional y el papel perjudicial de sus socios dominicanos, a los que muy apropiadamente, el pueblo ha bautizado como traidores.
Las gravísimas circunstancias que vive nuestro país no nos deben llevar, sin embargo, a la depresión ni al desaliento. Dos fuerzas divergentes se hallan enfrentadas en el teatro de los hechos.
·Por un lado, está el pueblo dominicano que sabe, perfectamente, que Haití no es un problema interno de la Republica Dominicana. Que ha soportado con entereza la campaña de humillaciones, atropellos y desconsideraciones verbales del poder extranjero y de sus peones periodísticos.
·Por otro lado, toda la plataforma del intervencionismo extranjero, que opera al través de ONG, organizaciones que convierten a los dominicanos en correveidile y empleados de esos Estados, y cuyo propósito es implantar de manera definitiva y duradera toda la inmigración ilegal haitiana radicada en el país. Para llevar a cabo ese objetivo han cubierto su causa, esencialmente anti dominicana, con el ropaje venerable de la defensa de los derechos humanos. Muchos dominicanos que han sido engatusados por estos grupos no saben adónde los llevan, ni qué porvenir nos deparan las maniobras a las que han prestado su apoyo. Todas estas manipulaciones solo conducen a la fusión con Haití, propósito de los Estados que financian, al través de las ONG, estas operaciones.
Como acaece en los juegos de guerra, los que combaten la Sentencia TC168/13 iniciaron un guerra relámpago, una especieblitzkrieg, que moviliza todos sus recursos al mismo tiempo.
1.En el ámbito político, variaron la opinión del ex Presidente Mejía que inicialmente había apoyado la Sentencia TC168/13 que ratificaba la Ley de Migración del 2004 refrendada en su Gobierno. De este modo, se proponían manipular al PRD y dividir al pueblo dominicano. Mejía, convertido en borrego de sus consejeros de campaña, desconoce el costo político de esta maniobra que lo convierte en un sepulturero de la soberanía nacional.
2.Toda la infantería del Centro Bonó y sus apéndices inicio una campana descomunal contra el Presidente de la JCE, Roberto Rosario. Para desacreditarlo en el escenario nacional y, en el internacional, colocaron el caso de William Medina Ferreras, nombre empleado por el impostor Wilnet Jean que llevo al Estado dominicano al banquillo de los acusados ante la CIDH en octubre de este año. Emplearon, además, sus conexiones políticas al más alto nivel para impedir el entendimiento entre el Presidente Medina y el Presidente de la JCE. Una vez descalificado nacional e internacionalmente iba a ser sustituido por José Ángel Aquino, pieza esencial de las intrigas, que había liderado la campaña y llevaba en el bolsillo de su chaqueta la puñalada trapera.
3.Se propusieron, por otra parte, inutilizarla Dirección General de Migración, sacar del teatro a José Ricardo Taveras y a la FNP, creando una estructura paralela, el Instituto de Migración, que dirigirá doña Florinda Rojas, enemiga acérrima de la Sentencia TC168/13 yex ejecutiva del ACNUR y adepta de los grupos fusionistas. Quitarle todas las funciones a este importante órgano del Estado, que pasaría de ser un órgano ejecutivo y preponderante, a una dependencia de un organismo deliberativo, que trazaría la política.
4.Una vez convencidos que resultaba prácticamente imposible anular la Sentencia 168/13 se propusieron emplear el Plan de Regularización para destruir la Sentencia. El borrador que había sido consensuado en años anteriores fue desguazado en una consultoría jurídica paralela, y modificado por una Comisión, cuyos nombres no aparecen en el plan. Los autores de esa bellaquería no tuvieron siquiera el valor de colocar sus nombres en ese adefesio. Allí se consumó el funesto decreto 327-13, refrendado con la firma del Presidente Medina que constituye el mayor retroceso que haya conocido la Republica Dominicana, y el mayor esfuerzo de autodestrucción que haya emprendido país alguno.
En el artículo 2, de ese Plan de Regularización concebido para dar respuesta a la Ley de Migración del 2004, se le añaden los 7 años posteriores y se lleva al 2011 infringiendo los límites jurídicos planteados por la propia Ley de Migración. Destruyendo, de este modo, uno de los pilares fundamentales de la Sentencia. Se le echa encima a la caldera ardiente de la inmigración ilegal, los trescientos mil haitianos que penetraron ilegalmente en el país, tras el terremoto del 2010. La primera consecuencia de esta medida es que terminará reventando todas las oficialías del Estado.
En el artículo 12 , luego de especificar cuáles eran los documentos que debían tener los extranjeros para regularizarse se plantea lo siguiente: En caso de que el extranjero no cuente con la documentación establecida en el presente artículo, la solicitud de regularización será acogida sin el depósito de esos documentos en el Ministerio de Interior y Policía, pero se capturaran los datos del interesado, quedando sujeta la presentación de los documentos faltantes al periodo restante del Plan, cuya fecha limite será el 28 de febrero del 2015.
La consecuencia de este insólito decreto todavía no han sido medidas en toda su descomunal magnitud.
1.Constituye inmediatamente un efecto llamada a la inmigración ilegal, en lugar de pedir visado en los consulados dominicanos resultará más económico llenar el formulario del Ministerio de Interior y Policía, sin cedula, sin pasaporte, sin acta de nacimiento, sin ningún documento de identidad validado por el Estado de origen, y la persona tendrá 18 meses para entregar esos documentos, sujetos a prórrogas establecidas en el mismo decreto.
2.Antes circunstancias como la presente, los organismos de interdicción de la inmigración ilegal: CESFRONT, Dirección General de Migración, el Ejército Nacional, quedarán completamente desmoralizados. Bastará con que el haitiano enseñe el formulario de Interior y Policía y se volverá un intocable. Con este sistema de libre circulación de personas será mucho más difícil enfrentar otros desafíos fronterizos: el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el control de la delincuencia y de las enfermedades.
El artículo 37, se refiere a la prohibición de las deportaciones. Y dice así: “ Durante la ejecución del presente Plan, las autoridades se abstendrán de adoptar las medidas previstas en los artículos 121 y siguientes de la Ley General de Migración , respecto de los extranjeros en situación migratoria irregular que se encuentren radicados en el territorio de la Republica Dominicana que se hayan acogido al mismo”.
De un plumazo se pone punto final a la Sentencia 168/13; se eliminan las competencias de la Dirección General de Migración; se echa por la borda todo el trabajo emprendido por los servidores públicos, que han sido los centinelas de la frontera. En términos de toda la política de seguridad nacional constituye un auténtico salto al vacío.
No hay ni siquiera sentido de la reciprocidad. Las condiciones exigidas por el Ministerio de interior de Haití son más cercanas a la dignidad de un Estado. En Haití el solicitante de ingreso como inmigrante debe: 1) solicitar su ingreso al país mediante carta al Ministerio de Interior; 2) llenar la solicitud con (4) fotografías; 3)entregar copia de su pasaporte (válido y copia de cada página); 4) un certificado de salud expedido por un centro reconocido por el Ministerio; 5) certificado de no delincuencia, expedido por el país de origen; 6) carta de trabajo del empleador; 7) cuenta bancaria establecida en un banco del país; 8) y finalmente, la expedición de un cheque de 5000 gourdes a nombre del Ministerio. Como en todos los países nunca es gratuito.
No hay ningún país del mundo que haya emprendido semejante plan de autodestrucción. El pueblo dominicano no puede ni siquiera imaginar que las personas que ha elegido para confiarle la guarda de su soberanía puedan traspasarle un problema que liquidaría definitivamente sus posibilidades como nación independiente de Haití y echaría por tierra su porvenir.
Presidente Medina, no se deje conducir por los chantajes de este grupo que se ha convertido en socio del Gobierno haitiano en su campaña contra la Republica Dominicana. Aquí, Presidente, no hay derechistas ni izquierdistas, no hay conservadores ni liberales. Aquí hay patriotas, que desean mantener inalterable el legado que nos dejó Juan Pablo Duarte; y, antipatriotas,que quieren echar sobre las espaldas del pueblo dominicano, todo el fardo destructivo de la tragedia haitiana.
En ninguno de los cálculos económicos, por más dialéctica que empleen, podrán demostrar que podremos avanzar en la construcción de la felicidad de nuestro pueblo, importando pobreza del país más pobre del continente.
Presidente, no se deje conducir por esos grupúsculos de la Sociedad Civil, peones de Gobiernos extranjeros, que quieren gobernar sin votos, sin haber sido refrendado por nadie, y amparado únicamente en su capacidad de extorsión. No cargue usted con el peso de una decisión que empañará para siempre su nombre ante la historia. Es mejor seguir a Juan Pablo Duarte, honrar su memoria y su legado, que inspirarse de aquellos que se han apoyado en el poder extranjero para destruir la obra del patricio.
Quedaría por explicar cómo dos o tres personas en el alto mando del Gobierno han podido engañar a una nación de 10 millones de personas, han comprometido su porvenir y la han obligado a cancelar su historia, sin que sus periodistas, sus intelectuales, sus empresarios se diesen por enterados. De repente, los dominicanos que habían imaginado avanzar indefectiblemente hacia un progreso radiante, despertarán retrotraídos en una época fenecida. Volveremos con este decreto a la ocupación haitiana de 1822. Es un regreso al pasado más sombrío. Con este decreto pasaremos una temporada en el infierno. En aquellas pesadillas soñadas por el poeta Arthur Rimbaud. Descender al infierno es, relativamente, fácil. Lo difícil es escapar de sus llamas.
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