ProCompetencia: en la inacción por falta de un director ejecutivo

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SANTO DOMINGO. Pese a que desde el 2011, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) tiene un Consejo Directivo y presupuesto, este organismo no ha podido iniciar la regulación de los mercados locales, porque no tiene un director ejecutivo, que debe ser nombrado por el Presidente de la República.

En la práctica, la dirección ejecutiva es una fiscalía económica encargada de investigar las denuncias que reciba la entidad, por lo que sin ella, ProCompetencia no funciona.

Michelle Cohén, presidenta del Consejo Directivo desde abril del 2013, afirma que entregaron la terna en septiembre, pero que el presidente Danilo Medina nombrará al director ejecutivo cuando lo disponga en su agenda. Considera que es natural que los sectores hagan «lobbismo» para controlar cualquier institución que los regule, pero aclara: «Ningún empresario nos llamó para colocar a nadie».

ProCompetencia debe regular el mercado interno sancionando prácticas anticompetitivas dentro de las que caben las actividades monopólicas y el dumping o establecimiento de precios predatorios para la competencia.

La Ley General de Defensa de la Competencia, la 42-08, fue promulgada el 16 de enero del 2008, y establece en su artículo 66 que el Presidente de la República y el Congreso «contarán con un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la publicación de esta ley» para instalar la Comisión y nombrar a los miembros del Consejo Directivo y al Director Ejecutivo. Es decir, en abril del 2008 esta institución debía haber estado instalada con todos sus miembros.

Pero, fue en 2011 cuando el Ejecutivo nombró el Consejo, con Luis Reyes Santos como presidente y cuatro comisionados que aún permanecen. Reyes dejó la entidad en agosto del 2012 para encabezar la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), y ProCompetencia estuvo acéfala hasta el nombramiento de Cohén.

Michelle Cohén dice que «no pasa absolutamente nada (…) que no haya pasado en otros lugares», y justifica el retraso en la instalación del organismo en que países como Chile tardaron 13 años en tener un fiscal económico, tras la instalación del Consejo Directivo.

Sin embargo, ya en 1963 Chile tenía un fiscal, creado para colaborar con la entonces Comisión Antimonopolios establecida en el 1959, es decir, cuatro años después, y a inicios de la segunda mitad del siglo pasado, según consta en el libro «Historia de la libre competencia en Chile 1959-2010», de Patricio Bernedo.

Presupuesto

El presupuesto del 2014 asigna RD$96, 614,656 del fondo general a ProCompetencia para sus gastos corrientes y RD$80,015,868 para gastos de capital, obtenidos de una donación externa. En total, RD$176,630, 524.

Entre el 2011 y el 2013, en el presupuesto formulado se le consignaron a esa institución RD$268,168,573.

Del presupuesto para gastos corrientes actual, el 88.20% (RD$85, 221,565) está fijado para servicios personales.

La nómina de enero especifica que la institución tiene 44 empleados que cada mes devengan un total de RD$5,696,868 en bruto. El sueldo bruto de la presidenta de la Comisión es de RD$500 mil, mientras que los demás miembros ganan RD$416,667 cada uno. Éstos son las economistas Magdalena Gil y Leyda Reyes, la abogada Esther Aristy y el economista Antonio Rodríguez Mansfield.

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo (AEIH), Víctor Castro, afirma no entender por qué no se pone a funcionar la institución, si en el país hay prácticas que no ayudan a la competencia.

Castro expresó que el sector industrial es víctima de conductas anticompetitivas en los puertos, donde tienen que pagar el transporte de la mercancía al sindicato de camioneros, porque éstos no permiten el paso de los camiones de los empresarios, pero no tienen dónde quejarse por la inactividad de esta entidad que llama «entelequia».

Tanto Castro como Circe Almánzar, de la Asociación de Industrias de República Dominicana(AIRD), afirman no haber propuesto a nadie para la terna.

Cohén considera que la entidad no tendrá efectos en lo inmediato, sino que debe ser para que en 50 años se cuente con una economía eficiente en un marco de libre competencia.

Agradece al presidente Medina por «reconocer la necesidad de implementar una institución bien organizada», y concluye que poner a un director ejecutivo antes de tiempo era hacer de ProCompetencia un organismo «muerto».

Ley 42-08

En la Ley se presentan como conductas anticompetitivas eliminar a competidores del mercado o limitar su acceso al mismo; limitar la producción, distribución o comercialización de bienes. Y como abuso de posición dominante, el subordinar la decisión de venta a que el comprador se abstenga de comprar productos de otras empresas competidoras; la imposición de precios por parte del proveedor a sus revendedores; la venta condicionada a adquirir o proporcionar otro bien o servicio adicional, entre otras.

 

 

 

 

 

Publicado por Juan Jose Ureña Breton

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Notimundo

Instituto Dominicano De Periodismo (IDP)

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