TC emite 378 sentencias en 2 años

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Con la emisión de 378 sentencias, el Tribunal Constitucional llega a su segundo aniversario, el cual celebrará el próximo lunes con diferentes actos. Durante su primer año, 2012, falló 104 casos, mientras que en el 2013 aumentó a 274. Aunque el TC informó en un comunicado que en el 2013 conoció otros once expedientes, no han sido publicadas las sentencias.

Sus decisiones constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado. En estos dos años, ha ejecutado un presupuesto global de 950 millones de pesos, 400 millones de pesos en el 2012, y 550 en el 2013.

Para el 2014 se le asignó un monto de 651 millones de pesos. Festejará su aniversario el próximo lunes con una misa en la Catedral, oficiada por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, a las 9:00 de la mañana, y una audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a las 11 de la mañana, en la cual su presidente, Milton Ray Guevara, rendirá un informe sobre la labor desarrollada.

Esta corte, que empezó a funcionar en enero del 2012, ha recibido una buena acogida en la población, con la excepción de algunas decisiones que han sido cuestionadas.

Su desempeño es valorado como positivo y satisfactorio por los juristas Gonzalo Ramírez, Namphi Rodríguez y Nassef Perdomo. Sin embargo, Rodríguez y Perdomo no están satisfechos con algunos fallos.

Atribuciones
Esta nueva corte fue creada en la Constitución del 26 de enero del 2010, para garantizar la supremacía de la Carta Magna, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Conforme al artículo 84 de la Carta Magna, sus decisiones son definitivas e irrevocables. Goza de autonomía administrativa y presupuestaria.

La Constitución, en su artículo 185, detalla sus atribuciones, las que son ampliadas por la ley 137- 11 que lo regula. La Constitución le otorga competencia para conocer en única instancia las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas; el control preventivo de los tratados internacionales antes de ser ratificados por el Congreso; los conflictos de competencia entre los poderes públicos, y cualquier otra materia que disponga la ley.

Precisamente, la ley 137-11 adiciona la facultad para ventilar los recursos de revisión de las sentencias de amparo y de los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales emitidas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) después de la promulgación de la Constitución, el 26 de enero de 2010.

Trece jueces integran este Tribunal, nombrados en diciembre de 2011 por el Consejo Nacional de la Magistratura.

POSITIVO
UNA LABOR FRUCTÍFERA 

El abogado Gonzalo Ramírez considera que el TC puede exhibir una positiva y fructífera gestión, como garante de la supremacía constitucional y defensor del orden constitucional.

Entiende que su creación ha sido un significativo paso de avance para el fortalecimiento de la garantía y protección del orden constitucional. Resaltó la profesionalidad de sus integrantes.

Entiende que han demostrado alta preparación y capacidad en cada una de las decisions adoptadas, porque han estado fundamentadas en derecho, enriquecidas con la jurisprudencia constitucional comparada y con estricto apego a la Constitución.

Afirma que el TC ha desempeñado una valiente gestión, valentía que dice alcanzó su máximo nivel con la sentencia TC-168- 13, mediante la cual se desconoce la nacionalidad dominicana a los descendientes de extranjeros en tránsito. Asegura que ese dictamen vino a resolver un problema histórico de la migración irregular en República Dominicana.

Identifica como retos para el año 2014 que el TC continúe avanzando en dar rápidas y eficientes respuestas a las distintas acciones que les someten.

Cree, además, que debe seguir actuando con valentía, total independencia de criterios, resistir y rechazar de manera categórica todo tipo de presión externa, y ser coherente con sus decisiones y precedentes.

DESAFÍO
DERECHOS ECONÓMICOS 

El abogado Namphi Rodríguez entiende que el TC ha ido bien, porque ha estado definiendo los criterios de actuación, lo cual cree importante.

Indica que al margen de la cuestionada sentencia 168/13, el TC ha aplicado el criterio sobre los actos que pueden ser recurridos, y ha definido el tema de la relevancia constitucional.

Esto último, dice, permite saber lo que realmente es relevante o no. Sin embargo, no deja de hacer críticas a algunas decisiones. Y en ese sentido cuestionó que el TC haya fijado el criterio de que para invocar el debido proceso de ley se tenga que probar un agravio.

Identificó como el principal desafío la judicialización de los derechos económicos y sociales, es decir, habilitar la vía jurisdiccional para que los ciudadanos puedan reclamar los derechos económicos y sociales (educación, salud, seguridad social, derechos de envejecientes, etc).

Rodríguez sostiene que lo más relevante de estos dos años ha sido el inicio de una cultura constitucional, tras enfatizar que el país vivió durante décadas en un Estado que consideraba la Constitución como “un pedazo de papel”. “Hoy día tenemos una Constitución normativa, que se expresa en los actos cotidianos de los poderes públicos y de los ciudadanos. Hemos visto la emergencia de la defensa de los derechos fundamentales en el corazón mismo del Estado Social y de Derecho que promueve la Constitución”, apuntó.

UNA CRÍTICA
INCONFORME CON VARIOS FALLOS

Como satisfactorio valoró el abogado Nassef Perdomo el desempeño del Tribunal Constitucional, aunque hace algunos cuestionamientos a varios fallos. Señala que en cuanto al fondo de sus decisiones, la tendencia, con importantes excepciones, ha sido la protección de los derechos fundamentales y sociales. Cita las sentencias sobre el derecho a la educación (TC/0013/13 y TC/0058/13), sobre la libertad de tránsito (TC/0071/13), derecho a la igualdad (TC/0012/12, TC/0022/12 y TC/0028/12) y el debido proceso administrativo (TC/0021/12 y 0048/12).

Sin embargo, considera que dos de sus sentencias ponen en peligro ese trabajo. Se refiere a la 168/13 y la 201/13. “La primera ha sido objeto de una amplia discusión en República Dominicana, precisamente porque debilita el Estado de Derecho. En la segunda el Tribunal debilita el debido proceso administrativo, estableciendo que sólo es exigible si los ciudadanos pueden demostrar que se les afecta un derecho. Olvida el Tribunal que, según la Constitución y su propia jurisprudencia, el debido proceso administrativo es un derecho en sí mismo”, precisa.

Cita dos desafíos para el TC en el 2014: el primero, afianzar sus instituciones internas; y el segundo, vencer las dudas que lo alejan en algunas decisiones de la garantía efectiva de los derechos fundamentales.

“No debe olvidarse que su jurisprudencia forma parte de la zapata sobre la cual se construye, para bien y para mal, el Estado de Derecho Constitucional en República Dominicana”, subrayó.

PROTECCIÓN DE DERECHOS 
Una de las primeras sentencias en materia de amparo dictadas por el TC y que tuvo un gran impacto fue la número 012/12, mediante la cual ordenó a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas otorgar una pensión a la señora Lauriana Villar, en su condición de conviviente sobreviviente de un oficial.

Más adelante, con la número 036/12, ordenó al Instituto Agrario Dominicano reconocer el derecho de propiedad a un parcelero de San Juan de la Maguana.

En otras decisiones, el TC ha ordenado entregar pensión por discapacidad, motocicletas, armas de fuego. También, ha dispuesto la reintegración de estudiantes a colegios y de agentes policiales.

EXAMEN DE LA CARTA MAGNA 
El TC ha fijado varios precedentes al conocer acciones de inconstitucionalidad y recursos de revisión jurisdiccional. Anuló varios artículos de una resolución del Indotel que obligaba a las telefónicas a mantener registros de datos sin orden de un juez, por violentar el derecho a la intimidad (TC200/13).

Declaró inconstitucional la ley 91-83 que crea el Colegio de Abogados por haber sido aprobada sin respetar los procedimientos establecidos en la Constitución (TC274/13).

Estableció que el islote Cayo Levantado pertenece al dominio público y al Patrimonio Nacional, por lo tanto no es susceptible de propiedad privada (194/13).

 

 

Publicado por Juan Jose Ureña Breton

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Notimundo

Instituto Dominicano De Periodismo (IDP)

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