SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez confió este martes en que Estados Unidos, que le sancionó por corrupción, «seguramente» reconsiderará esta decisión «una vez reciban y vean la otra cara de la moneda».
El ex funcionario hablo brevemente a la prensa cuando entraba al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde este martes estaba programada una nueva audiencia del denominado caso Medusa, del que él es el principal acusado.
Reconoció que el ingreso al país norteamericano «no es un derecho, es un privilegio que Estados Unidos da libremente dentro de su soberanía».
Rodríguez, quien cumple arresto domiciliario, opinó que las autoridades de Estados Unidos tomaron la decisión de sancionarle basadas en la información que suministró la Procuraduría General dominicana. Sin embargo, se mostró «convencido» de que «una vez ellos reciban y vean la otra cara de la moneda, seguramente cambien de parecer».
Lamentó que la acción haya sido tomada también en contra de su esposa e hijos menores de edad.
Estados Unidos sancionó este lunes a Rodríguez, acusado de encabezar una red de corrupción que habría estafado miles de millones de pesos al Estado, informó la embajada estadounidense en el país caribeño.
En el Día Internacional Anticorrupción, el Departamento de Estado de EE.UU. dictó sanciones contra una treintena de personas, entre ellas Rodríguez, su esposa María Isabel Pérez Sallent y sus dos hijos menores de edad.
De esta forma, se restringe la concesión de visados a Estados Unidos del exprocurador y de su familia por la participación de este «en importantes actos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiados por el Estado», indica la legación estadounidense en sus redes sociales.
La Fiscalía acusa a Rodríguez, así como a otras 41 personas físicas y 22 empresas, de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, así como de sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos, dentro de una red desarticulada en la denominada operación Medusa.
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