Denuncian invasión de terrenos y destrucción de construcciones en el sector Residente 66, Santo Domingo Este


Residentes y presuntos propietarios de solares aseguran que un grupo de personas estaría destruyendo construcciones y exigiendo pagos para permitir trabajos en terrenos adquiridos directamente al CEA. Piden la intervención de las autoridades para investigar los hechos.
SANTO DOMINGO ESTE.– Una denuncia sobre presuntas invasiones de terrenos, destrucción de construcciones y exigencias de dinero para permitir trabajos inmobiliarios mantiene en preocupación a personas que aseguran haber adquirido legalmente solares en el sector Residente 66, ubicado detrás de Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este.
De acuerdo con las informaciones suministradas por los denunciantes, en esta zona, cuyos terrenos son adquiridos por particulares directamente al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), se estarían produciendo conflictos relacionados con la ocupación y posesión de propiedades, situación que estaría afectando a ciudadanos que aseguran haber pagado por sus solares y comenzado a construir.
Los denunciantes sostienen que estas situaciones no son recientes y que desde la pasada administración gubernamental se habrían presentado conflictos relacionados con la compra, venta y ocupación de terrenos en esa localidad. Sin embargo, aseguran que las irregularidades continúan registrándose y que algunos propietarios enfrentan dificultades para desarrollar sus proyectos de construcción.
Uno de los acontecimientos más recientes habría ocurrido la noche del martes 10 de noviembre, alrededor de las 9:00, en la calle José Pimentel, donde, según la denuncia, varias personas se presentaron en el lugar y destruyeron paredes levantadas con bloques, además de desmantelar una caseta que se encontraba dentro de la propiedad.
La persona afectada asegura que sufrió pérdidas económicas considerables, estimadas en aproximadamente 350 mil pesos en materiales de construcción, además de denunciar la sustracción de sanitarios, una puerta y otros materiales que se encontraban en el inmueble.
En la denuncia también se menciona a un hombre identificado como Reiner Ogando Pimentel, conocido presuntamente como «Gabi», a quien los denunciantes señalan como una de las personas que podría estar relacionada con los conflictos por los terrenos. Según explican, las sospechas surgen de una supuesta lista en la que este individuo habría figurado como propietario de algunos solares.
No obstante, estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente y corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad penal.
Presuntas exigencias económicas para construir
Otro de los aspectos más delicados de la denuncia tiene que ver con supuestas exigencias de dinero a personas que intentan levantar construcciones en los terrenos que aseguran haber adquirido.
Los denunciantes afirman que algunos ciudadanos habrían recibido presiones para entregar hasta 20 mil pesos como una supuesta cooperación a determinados individuos, con el propósito de que se les permita continuar los trabajos de construcción.
De confirmarse estas prácticas, se trataría de hechos que ameritarían una investigación por parte de las autoridades, debido a las posibles implicaciones legales y económicas para quienes buscan desarrollar sus propiedades.
Llamado urgente a las autoridades
Ante la gravedad de los acontecimientos denunciados, los afectados hicieron un llamado al presidente de la República, Luis Abinader; al director del Consejo Estatal del Azúcar, al titular de Bienes Nacionales y a las dependencias responsables de la recuperación y titulación de terrenos del Estado, para que intervengan el sector Residente 66.
Solicitaron que se realice un levantamiento de la situación jurídica de los solares, se verifique la documentación de quienes alegan ser propietarios y se investigue a las personas señaladas por las presuntas invasiones, amenazas, destrucciones y exigencias de dinero.
Asimismo, pidieron garantías para que los ciudadanos que hayan adquirido sus terrenos legalmente puedan construir sin temor a que sus inversiones sean destruidas o que terceros interfieran en la posesión de sus propiedades.
La situación denunciada en el sector Residente 66 vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad inmobiliaria, la transparencia en la administración de los terrenos estatales y la intervención oportuna de las instituciones responsables.
Los afectados esperan que las autoridades no dejen la denuncia sin respuesta y que se establezcan responsabilidades, en caso de comprobarse los hechos, para evitar que más familias pierdan sus ahorros e inversiones como consecuencia de conflictos por terrenos.

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